Por Larissa Valencia/ Resumen Latinoamericano /Red de América/Traducción para Resumen Latinoamericano por Sebastian Polischuk/ 13 de Nov. 2017.–
La ciudad sagrada, ubicada en Tucumán, provincia Argentina- fue usurpada por el empresario que durante años estuvo tratando de monopolizar el lugar a través de invasiones violentas. Tras la resistencia indígena algunos de sus miembros fueron detenidos y agredidos físicamente. Hoy en día, si bien son libres, sus tierras no han sido devueltos.
La violencia contra las poblaciones indígenas en favor de los intereses financieros de los grandes terratenientes y coroneles regionales de América Latina, sucede no sólo en las regiones Norte y Centro-Oeste de Brasil. Por ejemplo, en el noroeste de Argentina, en la provincia de Tucumán, un conflicto de más de veinte años afecta a la comunidad indígena de Quilmes (CIQ), situada en la región de los Valles Calchaquíes. Afirman que las tierras ancestrales de lo que denominan “Ciudad Sagrada”, ese lugar fue invadido ilegalmente por el empresario Héctor Cruz en 2014. Al tratar de recuperar el sitio, doce indígenas terminaron siendo arrestados, entre ellos el jefe de Francisco Solano Chaile, conocido como Pancho.
La competencia política y económica para la “Ciudad Sagrada” dio lugar a una serie de violaciones de derechos contra la comunidad. Bajo la complicidad del poder político que permitió que las mismas perduren, ignorando en este caso a la propia legislación argentina que prohíbe los desalojos forzosos y garantiza los derechos indígenas.
El trasfondo del conflicto es la disputa comercial por el sitio arqueológico, uno de los más importantes de Argentina. Los indígenas fueron detenidos el 6 de junio, 2015, en resistencias que llevaron a cabo durante más de cien días, pero aún está lejos de recuperar las tierras usurpadas ilegalmente por el empresario y sus secuaces.
Esta demanda llevó Alba Chaile viajar a Buenos Aires en julio. Frente a la Casa Rosada, en el viento típico frío que sopla durante el invierno en Buenos Aires, la sobrina de Pancho Chaile comenzó su protesta contra la detención arbitraria que consideró. Se muestro carteles con la imagen del cacique, una mirada penetrante, rasgos bien definidos, que por día protestó en defensa del grupo, y diciendo que Pancho Chaile no robó nada y que en el enjuiciamiento se decía que uso de armas, como modo de justificar la detención, algo que considero ella una farsa porque su comportamiento fue pacífico.
La disputa sobre la Ciudad Sagrada
Alba dice que la detención de Pancho Chaile era estratégica. Sin el jefe de la comunidad, el medio ambiente era más propicio para que el grupo de Héctor Cruz, junto con el falso jefe, Santiago Santos, pudieran realizar maniobras en un intento por recuperar el poder sobre el territorio ancestral sin CIQ resistencia. “Ellos quieren explorar turísticamente la Ciudad Sagrada, pero este lugar nos los dejaron a nosotros nuestros antepasados. Es nuestro deber cuidar de todo lo que ellos nos dejaron “, ella reivindico.
La lucha Cacique Pancho Chaile por los derechos indígenas data de hace 40 años. Durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), fue uno de los insurgentes, y se convirtió en un prisionero político. Actualmente, es el jefe oficial de la CIQ, reconocida oficialmente por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Argentina.
La lucha territorial de la Ciudad Sagrada se ha mantenido durante varias décadas, pero se agravó cuando el sitio fue concesionado por el Secretario de Turismo de Tucumán en 1992. El gerente del grupo Héctor Cruz fue el beneficiario con la concesión, ya durante los primeros años de gobierno Carlos Menem, que profundizó la fiebre de las privatizaciones y concesiones de diversos sectores económicos del país.
La concesión terminó en 2002 y el empresario no realizo adecuadamente los procedimientos para renovarla. A partir de entonces, comenzó a ocupar ilegalmente el sitio arqueológico, y no permitió la entrada o participación de la comunidad. Según el abogado de Belén Leguizamón, quien fue el responsable de la defensa de los indígenas, ” el empresario se resistió a devolver las tierras, y sólo fue desalojado por el estado en 2007, el año en que la CIQ recuperó la tierra. Entonces él comenzó a promover numerosas acciones contra el Estado, tratando de recuperar el control del sitio. También comenzó a realizar acciones violentas contra la comunidad – la más sangrienta de ellas ocurrida en marzo del 2014″.
El 7 de marzo de 2014, el grupo de la Cruz invadió la Ciudad Sagrada con armas de fuego, disparando contra los indígenas. Desde entonces, un grupo de treinta matones están ocupando ilegalmente el territorio ancestral.
La comunidad trató de usar la acción legal para recuperar su patrimonio cultural y territorial, pero las peticiones fueron denegadas, ya sea en los tribunales por parte de los jueces, y hasta a veces ignoradas, dejando a la comunidad sin respuesta por parte del poder judicial argentino.
Las ruinas de la ciudad santa de Quilmes es uno de los principales sitios arqueológicos en Argentina, y uno de los atractivos turísticos más populares en el norte. (Foto: Turismo de Tucumán)
La Ciudad Sagrada es un lugar que llama la atención a los empresarios argentinos. Todo el territorio y la comunidad indígena, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tanto es así que los indígenas cuentan que hay intentos de desalojo contra ellos y ellas sobre otros de sus territorios que aún están en sus manos. Fue el 19 de enero 2015, cuando el mismo grupo invasor protagonizo el delito. Con el fin de apoderarse ilegalmente de otra parte de las tierras indígenas – una “Casa Comunitaria” – también se apropiaron de todos los bienes que estaban, actuando con violencia. Pero hubo resistencia e intervención de la policía, que le permitió a la CIQ, lograr recuperar esta casa.
La lucha por la restitución de las tierras ancestrales es una realidad constante en la vida de CIQ. Tanto es así que hoy en día los sitios arqueológicos continúan en las manos de Héctor Cruz y su familia, con la complicidad de algunos ex miembros de la CIQ
La ley argentina
Hay leyes argentinas – como la Ley 26160, en vigor desde 2006 – que garantizan el derecho de los indígenas, y que prohíben el desalojo a estas comunidades. Pero según la abogada Belén Leguizamón, la mayoría de los jueces no cumplen esas normas. “Hay mucha ignorancia sobre la protección jurídica de la propiedad comunal indígena y también hay intereses económicos sobre los territorios. Además, la mayoría de los jueces están ligados, y muchas veces pertenecen a la familia de terceros interesados en dichos territorios, o están relacionados con los mismos dueños “, se queja.
La abogada ejemplifica esta situación diferenciando de trato de la Justicia de Tucumán con ambos sectores en el conflicto. “En situaciones en las que la comunidad fue víctima de violaciones de sus derechos, la justicia es indiferente a sus protestas y no les da ninguna medida de protección. Sin embargo, cuando el indígena es acusado, los tribunales aplican todo el peso de la ley, que los condena y actúan con rapidez”.
Belén deja claro que, legalmente, a pesar de que la Ciudad Sagrada es un territorio ancestral perteneciente a la Comunidad Indígena Quilmes,, también existe el aspecto conflictivo de ser un sitio arqueológico considerado como propiedad de la provincia de Tucumán. Para ella, la provincia de Tucumán debería garantizaría los derechos territoriales a la comunidad, pero hasta ahora no lo hizo, por “falta de voluntad política”.
Según el diario argentino “Página 12”, se estima que el territorio de CIQ asciende a 120.000 hectáreas, y en el siglo pasado, más de la mitad les fue arrebatado. La comunidad se compone de alrededor de 600 familias, 2.500 personas de 14 comunidades. Ellos son parte de la Unión de Pueblos Diaguitas de la Nación.
Más Violaciones
Alba Chaile no dudó en denunciar el tratamiento que su tío y otros representantes de la CIQ que ha estado sufriendo por parte de la policía de Tucumán, y “fueron torturados”. La abogada de Belén Leguizamón confirma la acusación, “antes de que el grupo haya ido a testificar, cuando fueron detenidos, algunos de ellos, incluyendo a Pancho fueron agredidos físicamente, y me informan a mí que enseguida vaya a recoger las declaraciones.”
Pancho es una persona mayor con problemas de salud, que sufre de problemas en la vejiga y en los riñones, así como también tiene alta presión. En la cárcel, no había atención médica adecuada para él y no hay infraestructura para hacer frente a estas complicaciones. Los abogados que representan a la comunidad presentaron un recurso de hábeas corpus para que él sea hospitalizado, y también solicitaron el pedido de arresto domiciliario, porque su salud no mejoraba. “Hacemos un llamado a la hospitalización inmediata, ya que la policía, la fiscalía y el juez no estaban tomando las medidas necesarias. Pero sólo llegó al hospital “, señala Belén. Fue llevado al hospital de Monteros, Tucumán.
Los ANDHES ( Abogados y Abogadas del Noroeste argentino para las causas de los Derechos Humanos y Estudios Sociales), una organización que reúne a Leguizamón y otros profesionales, dijo que la detención previa al juicio violó los derechos humanos, ya que no había ningún delito durante la negociación, y que no cumplía con la ley internacional de derechos humanos, por el derecho a la libertad individual y la integridad física. “Una de las condiciones que hacen posible la detención a la prisión es el delito evidente, pero esto no ha ocurrido con los indígenas, ya que hasta el momento no había pruebas del delito por el que se los acusa”, dijo Belén Leguizamón.
http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/indigenas-argentinos-lutam-por-patrimonio-contra-ocupacao-empresarial-ilegal/
La violencia contra las poblaciones indígenas en favor de los intereses financieros de los grandes terratenientes y coroneles regionales de América Latina, sucede no sólo en las regiones Norte y Centro-Oeste de Brasil. Por ejemplo, en el noroeste de Argentina, en la provincia de Tucumán, un conflicto de más de veinte años afecta a la comunidad indígena de Quilmes (CIQ), situada en la región de los Valles Calchaquíes. Afirman que las tierras ancestrales de lo que denominan “Ciudad Sagrada”, ese lugar fue invadido ilegalmente por el empresario Héctor Cruz en 2014. Al tratar de recuperar el sitio, doce indígenas terminaron siendo arrestados, entre ellos el jefe de Francisco Solano Chaile, conocido como Pancho.
La competencia política y económica para la “Ciudad Sagrada” dio lugar a una serie de violaciones de derechos contra la comunidad. Bajo la complicidad del poder político que permitió que las mismas perduren, ignorando en este caso a la propia legislación argentina que prohíbe los desalojos forzosos y garantiza los derechos indígenas.
El trasfondo del conflicto es la disputa comercial por el sitio arqueológico, uno de los más importantes de Argentina. Los indígenas fueron detenidos el 6 de junio, 2015, en resistencias que llevaron a cabo durante más de cien días, pero aún está lejos de recuperar las tierras usurpadas ilegalmente por el empresario y sus secuaces.
Esta demanda llevó Alba Chaile viajar a Buenos Aires en julio. Frente a la Casa Rosada, en el viento típico frío que sopla durante el invierno en Buenos Aires, la sobrina de Pancho Chaile comenzó su protesta contra la detención arbitraria que consideró. Se muestro carteles con la imagen del cacique, una mirada penetrante, rasgos bien definidos, que por día protestó en defensa del grupo, y diciendo que Pancho Chaile no robó nada y que en el enjuiciamiento se decía que uso de armas, como modo de justificar la detención, algo que considero ella una farsa porque su comportamiento fue pacífico.
La disputa sobre la Ciudad Sagrada
Alba dice que la detención de Pancho Chaile era estratégica. Sin el jefe de la comunidad, el medio ambiente era más propicio para que el grupo de Héctor Cruz, junto con el falso jefe, Santiago Santos, pudieran realizar maniobras en un intento por recuperar el poder sobre el territorio ancestral sin CIQ resistencia. “Ellos quieren explorar turísticamente la Ciudad Sagrada, pero este lugar nos los dejaron a nosotros nuestros antepasados. Es nuestro deber cuidar de todo lo que ellos nos dejaron “, ella reivindico.
La lucha Cacique Pancho Chaile por los derechos indígenas data de hace 40 años. Durante la dictadura cívico-militar argentina (1976-1983), fue uno de los insurgentes, y se convirtió en un prisionero político. Actualmente, es el jefe oficial de la CIQ, reconocida oficialmente por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas de la Argentina.
La lucha territorial de la Ciudad Sagrada se ha mantenido durante varias décadas, pero se agravó cuando el sitio fue concesionado por el Secretario de Turismo de Tucumán en 1992. El gerente del grupo Héctor Cruz fue el beneficiario con la concesión, ya durante los primeros años de gobierno Carlos Menem, que profundizó la fiebre de las privatizaciones y concesiones de diversos sectores económicos del país.
La concesión terminó en 2002 y el empresario no realizo adecuadamente los procedimientos para renovarla. A partir de entonces, comenzó a ocupar ilegalmente el sitio arqueológico, y no permitió la entrada o participación de la comunidad. Según el abogado de Belén Leguizamón, quien fue el responsable de la defensa de los indígenas, ” el empresario se resistió a devolver las tierras, y sólo fue desalojado por el estado en 2007, el año en que la CIQ recuperó la tierra. Entonces él comenzó a promover numerosas acciones contra el Estado, tratando de recuperar el control del sitio. También comenzó a realizar acciones violentas contra la comunidad – la más sangrienta de ellas ocurrida en marzo del 2014″.
El 7 de marzo de 2014, el grupo de la Cruz invadió la Ciudad Sagrada con armas de fuego, disparando contra los indígenas. Desde entonces, un grupo de treinta matones están ocupando ilegalmente el territorio ancestral.
La comunidad trató de usar la acción legal para recuperar su patrimonio cultural y territorial, pero las peticiones fueron denegadas, ya sea en los tribunales por parte de los jueces, y hasta a veces ignoradas, dejando a la comunidad sin respuesta por parte del poder judicial argentino.
Las ruinas de la ciudad santa de Quilmes es uno de los principales sitios arqueológicos en Argentina, y uno de los atractivos turísticos más populares en el norte. (Foto: Turismo de Tucumán)
La Ciudad Sagrada es un lugar que llama la atención a los empresarios argentinos. Todo el territorio y la comunidad indígena, se encuentran en situación de vulnerabilidad. Tanto es así que los indígenas cuentan que hay intentos de desalojo contra ellos y ellas sobre otros de sus territorios que aún están en sus manos. Fue el 19 de enero 2015, cuando el mismo grupo invasor protagonizo el delito. Con el fin de apoderarse ilegalmente de otra parte de las tierras indígenas – una “Casa Comunitaria” – también se apropiaron de todos los bienes que estaban, actuando con violencia. Pero hubo resistencia e intervención de la policía, que le permitió a la CIQ, lograr recuperar esta casa.
La lucha por la restitución de las tierras ancestrales es una realidad constante en la vida de CIQ. Tanto es así que hoy en día los sitios arqueológicos continúan en las manos de Héctor Cruz y su familia, con la complicidad de algunos ex miembros de la CIQ
La ley argentina
Hay leyes argentinas – como la Ley 26160, en vigor desde 2006 – que garantizan el derecho de los indígenas, y que prohíben el desalojo a estas comunidades. Pero según la abogada Belén Leguizamón, la mayoría de los jueces no cumplen esas normas. “Hay mucha ignorancia sobre la protección jurídica de la propiedad comunal indígena y también hay intereses económicos sobre los territorios. Además, la mayoría de los jueces están ligados, y muchas veces pertenecen a la familia de terceros interesados en dichos territorios, o están relacionados con los mismos dueños “, se queja.
La abogada ejemplifica esta situación diferenciando de trato de la Justicia de Tucumán con ambos sectores en el conflicto. “En situaciones en las que la comunidad fue víctima de violaciones de sus derechos, la justicia es indiferente a sus protestas y no les da ninguna medida de protección. Sin embargo, cuando el indígena es acusado, los tribunales aplican todo el peso de la ley, que los condena y actúan con rapidez”.
Belén deja claro que, legalmente, a pesar de que la Ciudad Sagrada es un territorio ancestral perteneciente a la Comunidad Indígena Quilmes,, también existe el aspecto conflictivo de ser un sitio arqueológico considerado como propiedad de la provincia de Tucumán. Para ella, la provincia de Tucumán debería garantizaría los derechos territoriales a la comunidad, pero hasta ahora no lo hizo, por “falta de voluntad política”.
Según el diario argentino “Página 12”, se estima que el territorio de CIQ asciende a 120.000 hectáreas, y en el siglo pasado, más de la mitad les fue arrebatado. La comunidad se compone de alrededor de 600 familias, 2.500 personas de 14 comunidades. Ellos son parte de la Unión de Pueblos Diaguitas de la Nación.
Más Violaciones
Alba Chaile no dudó en denunciar el tratamiento que su tío y otros representantes de la CIQ que ha estado sufriendo por parte de la policía de Tucumán, y “fueron torturados”. La abogada de Belén Leguizamón confirma la acusación, “antes de que el grupo haya ido a testificar, cuando fueron detenidos, algunos de ellos, incluyendo a Pancho fueron agredidos físicamente, y me informan a mí que enseguida vaya a recoger las declaraciones.”
Pancho es una persona mayor con problemas de salud, que sufre de problemas en la vejiga y en los riñones, así como también tiene alta presión. En la cárcel, no había atención médica adecuada para él y no hay infraestructura para hacer frente a estas complicaciones. Los abogados que representan a la comunidad presentaron un recurso de hábeas corpus para que él sea hospitalizado, y también solicitaron el pedido de arresto domiciliario, porque su salud no mejoraba. “Hacemos un llamado a la hospitalización inmediata, ya que la policía, la fiscalía y el juez no estaban tomando las medidas necesarias. Pero sólo llegó al hospital “, señala Belén. Fue llevado al hospital de Monteros, Tucumán.
Los ANDHES ( Abogados y Abogadas del Noroeste argentino para las causas de los Derechos Humanos y Estudios Sociales), una organización que reúne a Leguizamón y otros profesionales, dijo que la detención previa al juicio violó los derechos humanos, ya que no había ningún delito durante la negociación, y que no cumplía con la ley internacional de derechos humanos, por el derecho a la libertad individual y la integridad física. “Una de las condiciones que hacen posible la detención a la prisión es el delito evidente, pero esto no ha ocurrido con los indígenas, ya que hasta el momento no había pruebas del delito por el que se los acusa”, dijo Belén Leguizamón.
http://redelatinamerica.cartacapital.com.br/indigenas-argentinos-lutam-por-patrimonio-contra-ocupacao-empresarial-ilegal/
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